Emilio de Ygartua M.
Lunes 24 de agosto de 2020.
He insistido sobre la dicotomía salud-economía. Está claro que la pandemia, per se, ha generado graves efectos sobre la economía, sin olvidar que ésta, la economía, venia mostrando a nivel planetario una clara tendencia a la recesión. El confinamiento aceleró esa crisis provocando una fuerte caída en la demanda de productos y servicios que concitó el cierre de empresas y el despido masivo de trabajadores. ¿Salud o economía? La lógica y la bioética indican que la primera debe estar por encima de todo, sí, pero que en la medida en la que no hay reactivación económica la situación tiende a hacerse más compleja, especialmente para los que menos tienen. Ese es el dilema, eso es lo que ha llevado a los gobernantes a encontrar la forma en que salud y economía puedan convivir.
En Tabasco, el trasiego de la pandemia ha sido complicado, en mucho, porque los que aquí vivimos no entendimos ni atendimos las reglas del confinamiento, lo que provocó un crecimiento exponencial en el número de infectados, en la hospitalización y en el fallecimiento de una cantidad superior a lo esperado de hombres y mujeres. El gobierno del estado puso el énfasis, desde el primer momento, en el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, en el abastecimiento de medicamentos y en el incremento del personal que haría frente a esta emergencia.
Lamentablemente, un alto porcentaje de los fallecidos padecían comorbilidades que, desde el inicio de la pandemia, se señalaron como factores de riesgo adicional. Las cifras, dentro y fuera del país, refuerzan está tesis, también, la muerte de un muy elevado número de personas adultos mayores que padecían obesidad, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades pulmonares y cardíacas. Estos padecimientos se asociación, entre otros factores, a una mala alimentación. El costo, en vidas y en dinero, por estas enfermedades y sus efectos en la salud de las personas, y de las finanzas públicas, obliga a tomar medidas urgentes que nuevamente ponen sobre la mesa la dicotomía salud-economía.
Hace unos días, el gobernador Adán Augusto López Hernández, tomó la decisión de mantener por tres semanas más el semáforo en rojo, no obstante que, en el ámbito federal, nuestra entidad, por la baja del número de contagios, transitaba al color naranja para las autoridades federales. El argumento del mandatario local fue muy claro: garantizar que la disminución en contagios, el aumento en el número de camas disponibles y la reducción de fallecimientos, se convirtiera en una constante. ¿Afecta esta decisión a la economía local? Sí, pero lo importante es asegurar que el desescalamiento no provoque un nuevo rebrote que nos haga retroceder. La tendencia a la baja, tanto en contagios como en fallecimientos que se han dado en los últimos días, justifica la decisión tomada por el mandatario.
Estamos atendiendo los efectos, ahora combatamos las causas.
La estrategia se centró, desde el inicio, en atender los efectos de la pandemia. Sería un error perder de vista que las causas principales de muchos fallecimientos o complicación en los infectados siguen latentes. Por ello, ahora toca ir al fondo del asunto, aunque al hacerlo nuevamente aparezca en escena la dicotomía salud-economía. Desde la apertura comercial de nuestro país, a mediados de los años ochenta, el inicio de la era neoliberal, nuestra cultura alimentaria se modificó de manera drástica. No niego que antes se tomaran refrescos carbonatados y se comieran productos con alto contenido calórico, pero las generaciones posteriores ha esta fecha hemos caído en excesos que se evidencian en los fallecimientos por diabetes, hipertensión arterial, obesidad y cáncer.
En razón de lo anterior, el jefe del Ejecutivo estatal, con fundamento en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado, envió al Congreso del Estado, el 13 del mes en curso, una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes de Salud, de Educación con la finalidad de proteger a la niñez tabasqueña y garantizar su acceso pleno a la salud a lo largo de la vida, como lo mandatan las constituciones General de la República y local.
En la Exposición de Motivos del referido decreto se establece que: “La obesidad es un problema de salud pública de relevancia internacional, dado que es un factor de riesgo para padecer enfermedades no transmisibles, normalmente conocidas como enfermedades crónico degenerativas, tales como la diabetes, la hipertensión, el cáncer, trastornos óseos, la apnea de sueño y enfermedades cardiovasculares. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la ha definido la obesidad como acumulación anormal excesiva de grasa que supone un riesgo para la salud.”
En el 2016, según datos de la propia OMS, un tercio de la población mundial, 1,900 millones de personas de más de 18 años tenían sobrepeso y de ellos, 650 millones eran obesos. Entre 1975 y 2016, la obesidad se ha triplicado, incluyendo en esa nefanda lista a niñas y niños, a jóvenes. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó en 2019 un documento denominado “Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, protegerse frente a la desaceleración y el debilitamiento de la economía”.
En este documento de precisa que: “El sobrepeso y la obesidad sigue aumentando en todas las regiones, especialmente entre los niños en edad escolar y los adultos. En 2018 se calculó que el sobrepeso afectaba a 40 millones de niños menores de 5 años. En 2016, 131 millones de niños entre cinco y nueve años, 207 millones de adolecentes y 2 mil millones de adultos padecían sobrepeso. Casi un tercio de los adolecentes y adultos que padecen sobrepeso. El 44% de niños entre cinco y nueve años, que también lo padecen, eran obesos. Los costos económicos de la malnutrición son abrumadores.”
Las acciones que derivan de este decreto tendrán efectos económicos negativos para las empresas productoras, distribuidoras y para los establecimientos que las venden, esto es indiscutible, pero en este punto, lo que todos debemos poner por delante es la salud de las niñas, los niños y los jóvenes. De no aplicarse estas medidas estamos cancelando su posibilidad de una vida saludable en un país en el que se ha logrado incrementar la esperanza de vida, pero ello no se podrá festinar si seguimos aumentando el número de personas con enfermedades crónicas y otro tipo de padecimientos que no garantizan un envejecimiento saludable, el cual inicia desde la gestación en el seno materno hasta la adultez. Importante que en la currícula de educación básica se incorpore materias orientadas a fortalecer la salud alimentaria y el civismo que tiene como objetivo formar ciudadanos sanos.
Por una cultura de la salud alimentaria.
Las muertes por estos padecimientos ya eran alarmantes antes de la pandemia, pero ahora existe una nueva e incuestionable razón para tomar medidas que tiendan a inhibir el consumo de bebidas azucaradas preenvasadas, bebidas azucaradas carbonatadas, golosinas y alimentos procesados adicionados con altas cantidades de grasas, azúcares, sales de sodio. Sí, es verdad que se afecta a los fabricantes de estos productos, pero lo que esperamos de ellos es una reacción y actuación responsable. Tienen hijos e hijas pequeños, adolecentes, y otros ya han formado familias. Es por el bien de todos enfrentar esta pandemia alimentaria.
Se presenta la oportunidad de generar nuevas fórmulas que incluyan ingredientes que mejoren el valor nutricional de productos claramente dañinos para la salud. Las medidas, aprobadas por nuestros legisladores el lunes 17 de agosto, inciden en el sector salud, en educación. Había propuestas en materia fiscal que los legisladores consideraron no aplicar en este momento para no escalar el efecto económico.
Los mecanismos para inhibir el consumo, como lo recomiendan desde hace años organismos internacionales como la UNICEF, la FAO, la OMS, OPS, tienen como objetivo central poner un alto a la ingesta de estos productos nocivos para la salud. Las medidas fiscales no son nuevas en México (bebidas alcohólicas y tabaco), además, permiten una mayor captación de recursos utilizadas para financiar programas y acciones orientadas al cuidado de la salud de las personas desde su gestación hasta la vejez. Confiemos en que estás medidas no sean necesarias en el futuro.
El decreto establece varias prohibiciones: venta, distribución, donación, dádiva y suministro de bebidas azucaradas y alimentos preparados con carbohidratos refinados y grasas vegetales a menores de edad, salvo que estos les sean proporcionados por sus madres, padres o tutores. También considera restricciones para la publicidad de estos productos y su venta a menos de 300 metros de distancia de escuelas de nivel básico y de centros de atención médica ambulatoria y hospitalaria. Al mismo tiempo, contempla incentivar la promoción de entornos alimentarios escolares saludables; promover el desarrollo de la toma de conciencia sobre el daño en la salud que provoca la ingesta de bebidas azucaradas, golosinas y alimentos preparados con predominio de carbohidratos refinados y grasas vegetales en su forma sólida que contengan ácidos grasos hidrogenados en su forma trans.
Pero las acciones implementadas por el gobierno del estado van mucho más allá de las disposiciones restrictivas contenidas en este decreto. No se pierde de vista que esta disposición normativa tiene que ir acompañados de cambios en la cultura alimentaria de las y los tabasqueños por lo cual este marco jurídico vendrá acompañado de políticas públicas que promuevan la salud alimentaria en los hogares, en las escuelas, en los centros de trabajo, en las comunidades, en las asociaciones religiosas y en todas aquellas organizaciones de la sociedad que deben participar en esta gran cruzada que ha iniciado el gobierno de Tabasco a favor de una alimentación suficiente y eficiente. Los medios de comunicación, desde luego, tendrán un papel medular en esta estrategia.
Con estas acciones impulsadas por el gobierno que encabeza Adán Augusto López Hernández, se da cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución General de la República: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio debe guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”
Además, el Decreto está alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 (PLED), que compromete el impulso de una política de salud preventiva para disminuir y erradicar al máximo las enfermedades crónico degenerativas de la población y contribuir al mejor acceso “a la alimentación de calidad entre los grupos de la población que presentan mayor vulnerabilidad social, para favorecer el derecho que tienen a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”, lo que se hará promoviendo “una cultura alimentaria adecuada mediante acciones de educación y orientación nutricional para los individuos en condiciones de vulnerabilidad.”
EU: Rumbo a las urnas.
La semana pasada se concretó la postulación de Joe Biden como candidato del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. A los 77 años, quien han sido senador y vicepresidente de esa nación, se encamina hacia uno de los más grandes retos de su carrara política. Lo hace en un momento crítico para su país y para el mundo. Además, en un entorno nacional que muestra que la gestión de la pandemia ha sido errónea, que la crisis económica requerirá más que bombazos de un billón de dólares para una auténtica recuperación de los millones de empleos perdidos que los acercan a los tiempos de la “Gran Depresión”. Se suma a este escenario el estallido de un conflicto racial incubado desde hace muchas décadas, que no se ha resuelto, ni se resolverá en tanto siga vigente el discurso xenofóbico y discriminatorio del actual presidente.
“Ser candidato es el honor de mi vida”, exclamó Biden al aceptar la nominación. Dos días después, Kamala Harris, se convirtió, oficialmente, en su compañera de viaje, generando grandes esperanzas en sus correligionarios que reconocen su capacidad y la experiencia política necesaria. Otra mujer, muy influyente en el contexto nacional, Michelle Obama, al inaugurar la convención demócrata, criticó la gestión del actual inquilino de la Casa Blanca: “Se pondrá peor si reeligen a Trump”. Por su parte, Barack Obama, desde Filadelfia, cuna de la Constitución de los Estados Unidos, señaló que lo que esperan los ciudadanos de esa nación es un presidente que “tenga un sentido de la responsabilidad por la seguridad y bienestar de los 330 millones que somos, sin importar cómo nos vemos, cómo recemos, a quién amemos, cuánto dinero tengamos o por quién hayamos votado”. Joe Biden es esa persona, enfatizó el ex presidente.
Quien ocupara la Oficina Oval de la Casa Blanca, criticó abiertamente la gestión de Trump, rompiendo con un protocolo no escrito. “Nunca esperé que mi sucesor abrazaría mi visión o continuaría con mis políticas. Sí esperé, por el bien del país, que él mostraría algún interés en tomarse el trabajo en serio; que sentiría el peso del encargo y descubriría cierta reverencia por la democracia que fue puesta a su cuidado. Nunca lo hizo”.
El primer mandatario afroamericano fue contundente al afirmar que Trump se ha negado a utilizar “el increíble poder de su cargo” para ayudar a cualquier persona “que no sean él mismo o sus amigos; ningún interés en tratar la presidencia como cualquier otra cosa que no sea un reality show para recibir la atención que anhela”. En algún lugar de la frontera con México, el rubio mandatario volvió a las andadas al insultar y fustigar a los mexicanos y amenazarnos con imponer impuestos a las remesas o a los vehículos que pasen por las garitas en nuestra larga frontera. ¿Seguirá habiendo personas que piensen que Donald Trump es “amigo” de nuestro país y que nos conviene su reelección? Son tiempos electorales, que no se nos olvide. “El gringo viejo”, hará lo necesario para revertir un escenario adverso.
Por la Unidad Nacional.
La reunión del presiente Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores integrantes de la CONAGO, si bien tuvo momentos tensos por las acusaciones hechas por Emilio Lozoya Austin sobre soborno a legisladores en el sexenio pasado, y el financiamiento de campañas políticas, permitió alcanzar acuerdos que significan fortalecer los sistemas de salud con recursos “ilimitados”, privilegiar una mayor y mejor coordinación en materia fiscal y de seguridad pública. Destaca el llamado presidencial a favor de “la unidad nacional”. Sin duda un paso importante para hacer a un lado las controversias y las estridencias de todas las partes. Ojalá así sea. En pocos días AMLO anunciará un programa para la reactivación de la economía.