Prospectiva.

Emilio de Ygartua M.

Lunes 9 de noviembre 2020.

“Estamos cada día más cerca de la victoria a medida que avanza el escrutinio”, señaló Joe Biden en su tercer mensaje desde la noche de las elecciones cuando el panorama no era tan claro como lo es ahora. El candidato demócrata ha mostrado el rostro del estadista, sí, pero sobre todo el del político maduro que, por encima de todo vela por pervivencia de las reglas del juego que se impusieron los norteamericanos en los albores de su vida independiente. Su partido, identificado con el color azul en los mapas electorales, ha logrado arrebatar a los republicanos estados que hace cuatro años permitieron el triunfo de su candidato no obstante haber obtenido tres millones menos de votos que Hillary Clinton.

Ganar en Arizona, Michigan y Wisconsin; estar a punto de hacerlo en Nevada, y haberle dado la vuelta en Pensilvania y Georgia, son logros que muestran que esta vez sí se hizo la tarea, pero sin descontar los cambios demográficos que han sufrido algunas regiones de estas entidades y que han favorecido a los demócratas. Joe Biden, 46º presidente. Kamala Harris, la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos.

El resultado de las elecciones celebradas el martes pasado en el vecino del norte confirma la enorme polarización existente en esa nación. Se cumplieron los pronósticos que anticipaban que al menos 150 millones de ciudadanos votarían, muchos por correo. Antes de abrir las casillas el 3 de noviembre, ya habían sufragado más de 90 millones de personas. Joe Biden logró el voto popular de más de 74 millones personas, rompiendo el record impuesto por Barack Obama que, en 2007, obtuvo un poco más de 69 millones de sufragios.

Sin embargo, es necesario señalar que el resultado de las elecciones echa por tierra las tesis sobre la pérdida de apoyo al presidente Donald Trump resultado de su mala gestión de la pandemia, de la crisis económica y por la nueva crisis racial. Los casi 70 millones de votos alcanzados demuestran un creciente apoyo. Se sumó al voto duro consolidado en el 2016, un 20% más de sufragios. En eso basará su reclamo en los tribunales y sus planes futuros.

Lástima que esta fuerza electoral no lo constituya hoy en un adalid de la democracia norteamericana, misma que le permitió llegar a la presidencia la que ahora se niega entregar al legítimo ganador, aduciendo, sin prueba alguna, un fraude electoral. Su postura es clara, acudirá con sus abogados a todas las instancias; tensará la liga lo más que se pueda, incluso, e allí el gran peligro, sacando a la calle a sus aliados incondicionales; sí a las milicias de las que hemos referido en varias ocasiones en este espacio. 

William Howell, experto en poder presidencial y democracia, catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Chicago y autor del libro de reciente publicación: “Presidentes, populismo y la crisis de la democracia”, le señaló a Gerardo Lissardy (BBC News Mundo. Nueva York) que las posturas radicales de Trump, a lo largo de la campaña y en las horas posteriores a la elección: “Golpean a nuestra democracia. No cayó. Aún está de pie, pero fue golpeada”. 

El catedrático pone énfasis que el problema no es que Trump y sus abogados busquen judicializar el proceso llevándolo, incluso, hasta la Suprema Corte, buscando obtener un segundo mandato: “(…) el riesgo es que al comportarse de esta manera, al hablar de esta manera, está sembrando la ira y el descontento entre la gente en general; habrá millones de personas que a raíz de esta elección piensen  que Biden de alguna manera la robó, que es un trampoco y que todo el sistema está en contra de ellos.”

El polítologo norteamericano considera que en este tiempo de pandemia, de crisis económica, de polarización racial, “lo que necesitamos son instituciones confiables, encontrar formas de unirnos y coordinar nuestra respuesta a esta crisis de salud apremiante. Va a ser muy difícil gobernar a este país con tanta gente que cree lo que Trump dice ahora mismo.”

Biden-Harris han alcanzado el número de votos electorales necesarios, pero debemos tener en cuenta que la ruta hacia el 20 de enero, cuando debe darse el relevo institucional, estará llena de obstáculos que Trump y su equipo se empeñarán en poner para evitar la ratificación de la victoria de los demócratas, el 14 de diciembre en el Colegio Electoral y el 6 de enero en el Congreso de la Unión.

Algunos analistas consideran que, con los casi 70 millones de votos alcanzados, Trump buscará el control del Partido Republicano, con la mira puesta en el 2024, cuando tendrá 78 años, los mismos que cumplirá en pocos días Joe Biden. ¿Permitirán “los republicanos puros” que tome el control del partido? ¿Lo seguirán en esta ruta de colisión que amenaza con poner en tela de juicio un proceso electoral en el que, por cierto, los republicanos salieron bien librados? Son dos interrogantes que pronto tendrán respuesta. Al tiempo.

¿Democracia en América?.

Derivado de las controversias que han empañado este proceso electoral, han reaparecido las voces de los norteamericanos que consideran que no es conveniente que la elección de su presidente siga amarrada a los postulados establecidos por los “Padres Fundadores” a finales del siglo XVIII. Entonces, las llamadas “Trece Colonias” rompieron las cadenas que por más de siglo y medio las ataron al Imperio Inglés. La escisión fue total, por ello no mantuvieron una forma de gobierno monárquico-parlamentaria, si bien mantuvieron el modelo jurídico fundado en la costumbre (Common Law).

En lo político, adoptaron y adaptaron las tesis propuestas por los enciclopedistas franceses que promovieron la división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), decantándose por la figura de un “presidente de la república”. República a la que definieron “democrática y popular”. Siguiendo las propuestas de Alexander Hamilton, James Madison y John Jay (“El Federalista”), los estadounidenses tomaron la ruta del federalismo cuyo objetivo primordial era mantener la unidad e identidad de los estados miembros de la Unión. 

Los “Padres Fundadores” querían apuntalar la democracia en la nueva nación, y lo lograron, como lo pudo confirmar el politólogo francés Alexis de Tocqueville (“La Democracia en América”), poniendo candados en la Constitución que buscaban impedir la llagada a la primera magistratura de la nación de alguien cuyo carisma ganara el voto ciudadano, pero cuya popularidad se convirtiera en “un peligro para la democracia y la pervivencia del federalismo”.

El diseño de su modelo electoral, híbrido, voto popular y definición del ganador por un Colegio Electoral ha generado muchas controversias que han puesto en duda que el modelo garantice legalidad y, sobre todo, la legitimidad del ganador. Legalidad y legitimidad que, señala Michelangelo Bovero, son la base para garantizar la gobernabilidad de cualquier Estado-Nación que se precie de llamarse democrático. Hagamos un breve recuento de esos conflictos:

En 1800, Tomás Jefferson (uno de los fundadores de la nación) y Aron Burr, recibieron el mismo número de votos del Colegio Electoral. En apego a la Constitución, la Cámara de Representantes tuvo que realizar 36 encuestas para darle la victoria, ampliamente aceptada, a Jefferson. En 1824, Andrew Jackson ganó la votación popular, pero no la mayoría necesaria en el Colegio Electoral. Nuevamente la Cámara de Representantes tuvo que tomar parte en el proceso y le otorgó la victoria a John Quincy Adams. 

Sin duda, la controversia que tuvo más graves consecuencias para los Estados Unidos ocurrió en 1860. Luego de que Abraham Lincoln venciera a otros tres candidatos, los estados del Sur se rehusaron a aceptar el resultado y calificaron de “ilegítima” la elección de un presidente “que no protegiera la esclavitud”. Esta controversia tuvo que resolverse mediante una cruenta “Guerra Civil”, en la que perdieron la vida más de 600 mil personas. 

En 1876, la elección entre Rutherford B. Hayes y Samuel Tilden, también se complicó debido a que en varios estados del Sur (lastimado aún por los efectos de la Guerra Civil) no pudieron certificar claramente a un ganador. Nuevamente el Congreso hubo de intervenir. Hayes fue electo presidente, a cambio, los sureños lograron concesiones que contribuyeron a poner fin al llamado período de “Reconstrucción”.

En 1960, se registró una nueva controversia electoral derivada del proceso electoral entre John F. Kennedy y Richard Nixon. Éste último movilizó a sus abogados y a sus seguidores para presionar en su exigencia de un recuento de votos en aquellos estados en donde se denunciaban “fraudes” de parte de sus correligionarios republicanos. Al final, el candidato republicano aceptó a regañadientes la decisión evitando con ello arrastrar al país a un malestar civil durante las intensas tensiones de la Guerra Fría entre EU y la URSS.

En los albores del nuevo siglo (2000), ocurrió la sexta controversia, provocada por el apretado resultado del proceso electoral entre el demócrata Al Gore y George W. Bush. El primero obtuvo 200 mil votos populares más que el republicano, pero la disputa por los 29 votos electorales que otorga Florida la dirimió la Corte Suprema otorgándoselos al republicano que así obtuvo la victoria.

Hoy, sin duda, estamos ante una de las crisis más complejas, sobre todo, porque ha sido el propio presidente de la república quien ha descalificado: “yo gané, mediante un fraude me quieren quitar el triunfo”. ¿Puede seguir vigente un modelo electoral en el que en muchas ocasiones resulta ganador quien obtiene menos votos ciudadanos? Parece necesario, si no modificar el modelo, sí implementar un sistema electoral con una autoridad única, una especie de INE, que ponga orden en un país en el que cada uno de los 50 estados tienen reglas diferentes, en muchos casos antagónicas. Es tiempo de que acepten que su tan vanagloriada “democracia americana” ya no funciona, ni puede ser modelo para otras naciones como siempre han pretendido.   

La crisis económica y sus posibles salidas.

La segunda ola de contagios del coronavirus está generando una gran incertidumbre sobre el futuro de la economía mundial. Los datos del segundo y tercer trimestre del año fueron ilustrativos de cómo una economía que se detiene bruscamente puede tener crecimientos espectaculares, sí, pero que no revierten la caída del PIB que, a nivel mundial será, en promedio, superior al 5.8%. En México, por ejemplo, se tuvo un repunte en el tercer trimestre con una recuperación muy importante de empleos, sin embargo, no podemos dejar de señalar que se requerirán al menos 18 meses para que podamos alcanzar los niveles anteriores a la pandemia. 

Paradójicamente, ha sido un externo, el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, quien ha reconocido que las medidas adoptadas por el gobierno de la 4T no han sido el “desastre” que se empeñan en señalar sus opuestos: “Durante esta crisis económica mundial, el PIB de Estados Unidos cayó 31.7%, mientras que el de México sólo 17.1%. Es la primera vez, en décadas, que a Estados Unidos le da gripe severa y a México no le da neumonía.” 

En este espacio he expresado mi desacuerdo con algunas de las decisiones tomadas por el gobierno federal; entre otras, la falta de una estrategia clara para concertar la participación del sector privado, fundamental para generar la riqueza que se requiere para compensar la inminente caída de los ingresos públicos. La ausencia de una política consistente en este terreno ha sido expuesta tanto por el jefe de la de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, como por el líder empresarial Carlos Salazar Lomelí. La petición de empresarios nacionales y extranjeros es que la relación se funde en reglas claras y consistentes. Que se privilegie el Estado de Derecho.  

Los artículos 27 y 28 de la Constitución delinean el modelo de Economía Mixta que precisa que el jefe de Gobierno (y de Estado), debe promover todo tipo de inversión privada que, sumada a la pública, contribuya a generar riqueza, garantizando que ésta se distribuya entre todos los mexicanos de manera justa y equitativa y no sólo entre unos cuantos, como ocurría en el pasado siguiendo las recetas del modelo neoliberal que tanto añoran los contrarios al actual régimen. 

En lo que he estado siempre de acuerdo es en la lucha contra la corrupción (eso sí, de arriba a abajo y de abajo para arriba,). También, con las estrategias orientadas a atender a “los olvidados de la tierra”, a los pobres y a los marginados. Me gustaría que ello se fundara más en políticas públicas redistributivas que en políticas públicas distributivas (“Enséñale a pescar…”). Sólo los obcecados pueden negar que la estrategia de garantizar recursos a los que menos tienen ha permitido mantener el consumo y la demanda de servicios y evitar el colapso de la economía y una mayor pérdida de empleos. 

Los opuestos al régimen insisten en que “se está empobreciendo” al país apoyando a los siempre olvidados. No aceptan que éstos, los pobres, los marginados, estaban a punto de tomar otras medidas. Lo bueno es que optaron por un cambio a través de las urnas. Un cambio pacífico y democrático, a diferencia del que ellos promueven como vía para resolver sus diferencias y regresar el reloj de la historia a la hora que ellos quieren que marque, la de sus beneficios plenos y de las canonjías que hoy han perdido.

Asimismo, considero adecuado el negarse a incrementar la deuda externa como se ha hecho en el pasado. Es cierto que ésta ha crecido, uno, porque la depreciación del peso necesariamente incrementa su costo, dos, porque se han utilizado algunos créditos contingentes para enfrentar, entre otras cosas, la demanda de recursos para el sector salud en el marco de esta terrible pandemia. En cambio, se ha mantenido intocable el fondo de contingencia que desde hace varios años se tiene convenido con el FMI. Sí, se que los opuestos dirán que se ha renunciado a apoyar al sector económico con recursos externos, gracias a ello se ha evitado un colapso en el pago de la deuda soberana, como ya ocurre en varios países latinoamericanos.

Pedro Sánchez, presidente del gobierno español (nación que ha tenido que recurrir ha recursos extraordinarios generados por el Banco Central Europeo para enfrentar su crisis, la más severa entre los países miembros de la UE), ha propuesto a la directora gerente del FMI y al director del Banco Mundial, “allanar el camino a los países latinoamericanos que pueden necesitar financiación para superar la crisis económica por el coronavirus.” El mes pasado, Sánchez promovió una videoconferencia en la que participaron los líderes de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Barbados. 

Les extrañará a algunos la ausencia de México. No, no excluidos; simplemente no fuimos considerados porque existe la percepción de que nuestro país no ha entrado en la ruta de colisión generada por otras crisis (1976, 1982, 1987, 1994, 2008) en las que los gobiernos en turno acudían a empréstitos urgentes y muy costosos, económica y socialmente hablando, otorgados por el FMI, el BM, el BID, o por bancos extranjeros. No, esta vez no. 

Hay otro tema en el que los opuestos al régimen ha bordado en los últimos días: las clases medias. Varios analistas han insistido (con réplicas millonarias en las redes, me refiero a ocasiones) en que el gobierno de López Obrador está “matando a las clases medias”.  Es cierto que la pandemia ha agudizado la crisis de este sector por la pérdida de empleos y el cierre de empresas. También lo es que las propuestas de ayuda a ese sector han sido nebulosas y poco exitosas, pero se olvidan los opuestos que la crisis de la clase media tiene ya muchos años y ha sido a causa del modelo neoliberal que generó la riqueza de unos cuantos y la proletarización del resto de la sociedad, cuyo estatus es medido por su capacidad de consumo y no por su nivel de bienestar y felicidad como ya se hace en algunas naciones.