Emilio de Ygartua M.
Lunes 20 de julio de 2020.
En España, la crisis derivada de la contingencia sanitaria ha puesto sobre la mesa, una vez más, el debate sobre la pervivencia de la monarquía. Pablo Iglesias, dirigente de Unidas Podemos, partido de izquierda formado en 2018, que hoy es parte de la coalición que gobierna, encabezada por Pedro Sánchez (PSOE), pide se realice un debate “serio y a fondo”, sobre la permanencia del régimen monárquico parlamentario consagrado en la Constitución Española de 1979. La propuesta de Iglesias, quien no goza de los afectos de formaciones políticas de Centro-Derecha (Partido Popular y Ciudadanos), mucho menos de la ultraconservadora VOX, ha generado molestia en los defensores del modelo monárquico y colocado en posición incómoda al jefe del gobierno, quien hace unos cuantos meses juró lealtad a la corona y a la Carta Magna que da legalidad y legitimidad a la monarquía.
Esta nueva envestida, en realidad, tiene como origen los manejos nada claros de los dineros de parte del “Rey Emérito”, Juan Calos I, lo que ha motivado una agria controversia que ha obligado a Felipe VI ha renunciar a su herencia económica, insuficiente para aquellos que en estos tiempos de honda crisis financiera, consideran onerosos los gastos que genera la Casa Real, cercanos a los 100 millones de euros al año y creen que ha llegado el tiempo de transitar hacia la Tercera República. En este momento se investiga el origen de 65 millones de euros no declarados que, supuestamente, fueron a parar, como obsequio, a la bolsa de la mujer con la que Juan Carlos I ha vivido un tórrido romance desde hace varios años; affaire que puso fin a su relación con la reina Sofía.
Mientras Podemos señala al rey en funciones por los escándalos de su padre, en el Palacio de la Moncloa se resisten a entrar en una guerra contra la corona, no obstante, urgen a la Casa Real a tomar nuevas decisiones sobre el rey emérito, aunque se anticipan que no será posible modificar la Constitución en lo que a la “inviolabilidad” del monarca se refiere. El tema dará para más.
No es nuevo este debate, ha estado presente desde 1808, año en el que las tropas de Napoleón I, lideradas por su hermano José, invadieron España, obligando a Carlos IV a abdicar a favor de su hijo Fernando VII y, a éste, a entregar la corona a José Bonaparte, quién gobernó hasta 1813. La invasión francesa tuvo graves consecuencias para la corona española, la principal, el inicio del proceso de emancipación de la mayoría de sus colonias en América las que, primero, se negaron a convertirse en colonias francesas, luego, encontraron en esa coyuntura la oportunidad para transitar hacia su total emancipación de la “Madre Patria”.
El segundo efecto fue el surgimiento de una corriente liberal, paradójicamente, de influencia francesa (las ideas de los Enciclopedistas) que vio en la república una alternativa para llenar el vacío provocado por las abdicaciones sucesivas del rey Carlos y de su hijo. Fernando VII paró en seco a estas corrientes republicanas convocando a la redacción de una Constitución (Cádiz 1812), de corte liberal, sí, pero que le permitió, luego de la retirada del ejercito francés (1813) de su territorio, pavimentar la restauración de la monarquía. Fernando se mantuvo en el poder hasta 1833, conservando el control absoluto de las Cortes.
El decline del imperio español.
El resto del siglo XIX fue escenario del decline del que fuera uno de los imperios más poderosos del planeta (“Un imperio donde no se ponía el sol”). En los albores del siglo XX, luego de una desgastante guerra contra la Gran Bretaña, que buscaba adueñarse de las posesiones españolas en las Antillas Mayores, España se enfrentó al floreciente imperio norteamericano perdiendo Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas. Poco después, la Primera Guerra Mundial. La neutralidad le permitió mantenerse ajena al conflicto y realizar buenos negocios con los dos bloques enfrentados. Al concluir la Gran Guerra, vino una nueva catástrofe: la influenza, mal llamada “española” ya que tuvo su origen en los Estados Unidos. Más de 20 millones de personas murieron en el mundo por esta pandemia. España se acabó de hundir en la crisis. La estabilidad de la monarquía era muy endeble.
Vale recordar que Alfonso XIII había heredado la corona de su padre Alfonso XII; por su edad, su madre, María Cristina, fungió hasta 1902 como regenta. El heredero de la dinastía borbón enfrentó este escenario que sumió a España en una precaria situación económica que se tradujo en problemas de gobernabilidad. El último clavo del ataúd fue la crisis capitalista de 1929 que contrajo la venta de acero a los Estados Unidos y a las naciones europeas en reconstrucción. Una crisis que hizo caer el PIB español en más del 12%.
Inflación, cierre de empresas y alto desempleo configuraron un escenario caótico que motivó el levantamiento de trabajadores, especialmente del sector minero y metalúrgico. De Rusia llegaban ideas revolucionarias que permearon en los grupos opuestos a un régimen monárquico que se negaba a aceptar cambios en las relaciones laborales y a ceder un ápice ante las demandas de los sindicatos, entre ellas, el derecho de huelga. El rey optó por un ministro con la mano muy dura. José Antonio Primo de Rivera había recibido del monarca poderes absolutos (1923) que lo convirtieron en un auténtico dictador.
El malestar provocado por lo excesos del “pequeño Duce”, como llamaba Alfonso XIII a su primer ministro, haciendo un parangón con el italiano Benito Mussolini, motivó su destitución en 1930. La decisión del monarca español llegó tarde. El sucesor, el general Berenguer, resultó una nulidad. Fue sustituido por Manuel Azaña, quien, atendiendo las instrucciones del rey, buscó restaurar la normalidad constitucional. La ruta escogida por Azaña condujo al país a sucesivos procesos comiciales en los que, uno tras otro, los republicanos iban obteniendo triunfos claros. Las elecciones del 12 de abril de 1931 abrieron la puerta a la instauración de lo que se conoce como la Segunda República. Dos días después, Alfonso XIII, sin abdicar, se marcha al exilio a Italia, de donde ya nunca regresaría.
La II República y la Guerra Civil.
Se formó un Comité Revolucionario, una coalición integrada por republicanos, socialistas, comunistas y liberales, encabezado por Niceto Alcalá Zamora y el propio Manuel Azaña. Su tarea principal fue elaborar una nueva constitución, promulgada en diciembre de 1931. Una Carta Magna definida como democrática y progresista. Entre sus planteamientos fundamentales estaban: El Estado español no tiene religión alguna (separación de la Iglesia y el Estado laico); sufragio universal (incluido el femenino), matrimonio civil y divorcio, e igualdad de todos los ciudadanos ante la educación y el trabajo. Además, establecía la posibilidad de la expropiación forzosa de cualquier tipo de propiedad (por utilidad pública y mediante indemnización) y la nacionalización de los servicios públicos.
No se necesita mencionar otras más de las consideraciones establecidas en la nueva ley de leyes española para entender las reacciones de los grupos conservadores. Los grupos monárquicos, la Iglesia católica y los estamentos que a lo largo de centurias habían sido beneficiarios de los privilegios otorgados por el rey en turno, no se quedaron de brazos cruzados ante las nuevas disposiciones establecidas por el gobierno republicano.
El período 1933-1936, fue en extremo complejo resultado de la polarización creciente entre los defensores de la república y sus opuestos. La situación económica no ayudaba; la gobernabilidad era cada día más frágil, sobre todo, porque Manuel Azaña optó por implementar reformas promovidas por los republicanos de izquierda y por los socialistas, entre otras, la reforma del Ejército, orientada a crear unas fuerzas armadas profesionales y democráticas, reduciendo el número de jefes y oficiales, cargos ocupados, históricamente, por miembros de las élites económica y social; la separación de la Iglesia y el Estado, con la finalidad de reducir la influencia de la primera; una reforma agraria mal planeada porque, al tiempo que afectaba a los medianos y pequeños propietarios con expropiaciones, no satisfizo las expectativas de los campesinos que reclamaban el reparto de tierras, lo que los condujo a la radicalización de sus posturas y a un enfrentamiento con el gobierno.
Además, la Constitución de 1931 propuso que las regiones “con sentimientos nacionalistas”, pudieran acceder a un grado de autonomía. Los monárquicos y los conservadores veían en esa decisión un enorme riesgo de balcanización del país cuyas regiones se habían mantenido unidas y centralizadas por la fuerza del rey y la influencia de la Iglesia. Todo lo anterior se convirtió en un auténtico coctel Molotov. Las derechas se empezaron a agrupar. Con esta medida, se fortalecen las corrientes autonómicas en la región vasca y en Cataluña.
La cuerda se tensó, provocando un conflicto armado (“La Guerra Civil”), cruento, que dividió en dos grupos a los españoles, de un lado, el frente popular, que defendía la república y la Constitución de 1931, del otro, las derechas, demandando unas, el retorno de la monarquía, otras, un gobierno autoritario. El 17 de julio de 1936, el Ejército español de la guarnición de Marruecos se levantó en armas contra el Gobierno de la República. Fueron casi tres años de luchas intestinas en las que murieron un poco más de 500 mil personas, 150 mil de ellas civiles.
La dictadura, la monarquía y la transición.
El 1º de abril de 1939, Francisco Franco entró a Madrid. Los falangistas habían logrado el triunfo. Se instaura una dictadura que duró hasta la muerte del “Caudillo”, “El Chaparro”, como lo llamaban sus detractores, unos dentro de España, miles más, refugiados en otras naciones. El gobierno de Lázaro Cárdenas concedió asilo a muchos españoles que hicieron de México su Patria, entregándole, a cambio, un riquísimo legado que aún perdura.
El 20 de noviembre de 1975, con la muerte de Franco, inicia una nueva era para España. Una etapa difícil, la de la transición. La del retorno de la monarquía parlamentaria con Juan Carlos I a la cabeza. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué Francisco Franco, un antimonárquico declarado, decidió entregar el poder a un rey, al hijo Juan de Borbón (sucesor en línea directa de Alfonso XIII), a quien canceló sus derechos sucesorios, apostando por su hijo?
En su ensayo “El papel político del rey Juan Carlos en la transición”, Walther L. Bernecker, señala: “La muerte de Franco y la proclamación de Juan Carlos como rey de España, son considerados como el principio de una transición llena de vicisitudes en la cual el nuevo monarca habría que jugar un papel decisivo”. Recordemos que Alfonso XIII salió al exilio, en 1931, pero jamás abdicó. En 1941, tras su muerte, su hijo, Juan de Borbón y Battemberg, heredó todos los derechos dinásticos y el derecho al trono; sin embargo, Francisco Franco decidió cerrar todos los caminos al heredero.
En 1947, en medio de una crisis interna por las presiones de los monárquicos y la guerrilla alimentada por algunos republicanos, se publica la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, con la cual España volvía a ser “monarquía”. Esta ley, aprobada por Juan Carlos, inició un conflicto entre los Borbones. El entonces príncipe, justificó su postura ante su padre en el exilio amparándose en el argumento de que únicamente aceptando esta sucesión podría ser restaurada la monarquía en España.
Estaba claro que Francisco Franco había decidido restaurar la monarquía, sí, pero a partir de una acción política de él como “jefe de Estado”. La idea era clara: romper con el llamado “derecho divino de los reyes” fundado en la herencia y en la consanguinidad. La transición vendría no de la continuidad de la dinastía de los borbones, sino de la decisión personalísima del jefe de Estado. En 1969 fue ratificada por las Cortes la Ley de Sucesiones, Franco exclamó: “Creo necesario recordaros que el reino que nosotros, con el asentimiento de la nación, hemos establecido, nada debe al pasado, nace de aquel acto decisivo del 18 de julio [1941], que constituye un hecho histórico trascendente que no admite pactos ni condiciones […] La legitimidad del ejercicio constituye la base de la futura Monarquía, en que lo importante no es la forma, sino precisamente el contenido.”
Bajo esas bases, a la muerte de Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, dos días después, el presidente del Consejo de Regencia, Alejandro Rodríguez de Valcárcel, tomó juramento a Juan Carlos I, quien abdicó, el 18 de junio de 2014, a favor de su hijo Felipe VI, dejando un importante legado, la Constitución de 1979, el Pacto de la Moncloa y una férrea defensa de una transición que condujo a la nación ibérica a la democracia. Hoy, esa herencia, la de su hijo y la de toda la familia real, está en el centro de una agría controversia que vuelve a colocar a la monarquía española “bajo la filosa navaja de la guillotina”, recordando las palabras del revolucionario francés Maximiliano Robespierre a la hora de condenar a la decapitación a otro monarca borbón, a Luis XVI.
De todo un poco.
La dicotomía salud-economía que se ha decantado a favor de la segunda, está generando resultados muy preocupantes en razón del crecimiento de contagios y de muertes en prácticamente todo el planeta. La marcha atrás es la constante en varios países ante un rebrote que la OMS advertía si la desescalada no se daba bajo estricto control…En Tabasco, el gobernador Adán Augusto López Hernández continúa centrando sus empeños en fortalecer al sector salud de la entidad con el apoyo del gobierno federal…Será difícil que el petróleo vuelva a ser la palanca del crecimiento del país. Ante esta realidad, ha surgido una alternativa que puede generar un nuevo boom económico si sabemos aprovechar el riquísimo yacimiento de Litio, de 243.8 millones de toneladas ubicado en Bacadéhuachi, Sonora. El líder mundial en la producción de litio, que ya se conoce como el “oro blanco”, es Bolivia, con 21 millones de toneladas. El litio es un material utilizado para la fabricación de baterías de todo tipo; actualmente, tiene una creciente demanda para la producción de baterías para automóviles híbridos y eléctricos. El quid del asunto es que ese yacimiento está siendo explotado por dos empresas extranjeras, una china y otra inglesa. La SEMARNAP ha enviado al presidente Andrés Manuel López Obrador una iniciativa para la nacionalización de la industria del Litio. Desde luego, van a saltar los contras diciendo que ello desalentaría aún más a la inversión externa. Ojalá impere la mesura. Es obligado un análisis sereno y un debate amplio antes de tomar una decisión que beneficie a la nación…Muy positivo el reencuentro del presidente de la República con los gobernadores. Como bien dijo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, “necesitamos al presidente en nuestro estado”. Andrés Manuel López Obrador ha aceptado revisar el pacto fiscal, que atiende la solicitud de gobernadores que piden más recursos federales…Llegó Emilio Lozoya Austin a México. Su juicio será foco de atención y preocupación para muchos.